Existen muchas interrogantes en torno a la justicia: ¿para quién?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cuándo? Más aún, ¿cómo la definimos? Y es que desde la antigüedad ha sido una de las grandes preocupaciones.
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Para Platón era la virtud fundamental de la cual se derivaban todas las demás virtudes, pues era el principio armónico ordenador de estas. De ese tiempo a nuestros días, las definiciones varían según la época y según el enfoque, por ejemplo, John Rawls, filósofo contemporáneo, escribe que los principios de justicia, que son objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa, pueden contar con una validez universal e incondicional.
¿Y por qué es importante definir la justicia?, porque así partimos de un marco de entendimiento común y porque nos ayuda a construir una sociedad basada en la equidad y el bien común. Una de las ideas que guio el libro Política pública y agua. Justicia, derechos humanos y transparencia fue cómo observar la (in)justicia en el agua: en su disponibilidad, en su acceso, en el saneamiento. Nuestro enfoque comenzó a gestarse desde el 2019 y, en el 2020 —en medio de la pandemia—, nos propusimos llevar a cabo una serie de eventos que presentarán como eje central la justicia con una discusión prolija desde las ciencias sociales.
Los textos que conforman esta obra reúnen las voces de académicos, sociedad civil y especialistas que, desde diferentes puntos de partida, hacen notar las inequidades y las injusticias; las oportunidades en la implementación de políticas públicas; y la necesidad del acceso a la información, de la transparencia y la rendición de cuentas para mejorar la gestión del agua y aminorar las brechas de desigualdad en el acceso al agua.
La justicia hídrica desde la ecología política
El evento que abre la discusión es sobre ecología política, justicia y política. En él, tres reconocidos investigadores de ciencias sociales reflexionaron sobre la justicia hídrica a través de diferentes casos de despojo hídrico, daños ambientales o problemáticas asociadas con la procuración de justicia desde la ecología política. Patricia Ávila presenta un recorrido del surgimiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), movimiento social que exigió la justicia ambiental, así como la declaración del derecho humano al agua.
Por su parte, José Esteban Castro reflexiona sobre los conceptos de territorio, lo hidrosocial, la política y el conflicto, y nos invita a cuestionarnos sobre sus dimensiones epistémicas y teóricas con el fin de dialogar, construir y contribuir desde un enfoque crítico de la ecología política territorios hidrosociales orientados por los principios de la igualdad, la inclusión, la solidaridad, los derechos y la lucha por la democracia sustantiva. A su vez, José Luis Lezama plantea dos retos de la política ambiental mexicana: el primero tiene que ver con el tránsito de lo normativo e institucional a la acción pública concreta y a su incidencia sobre los problemas ambientales, y el segundo está relacionado con la política del agua. Sin duda, de su discusión destaca lo que las sociedades actuales han olvidado cuando se habla de lo institucional, lo normativo o lo político: la dimensión no humana, es decir, la naturaleza y el agua, como parte de ella, no debe ser considerada como un simple medio, sino que debe ser reconocido su valor.
El derecho humano al saneamiento y la justicia
En general, la gestión de las aguas residuales recibe poca atención en comparación con el abastecimiento del agua, sin embargo, están intrínsecamente relacionadas. Entre sus principales retos se incluyen la supervisión y la reglamentación institucionales, así como prácticas de reutilización en condiciones de salubridad. En el evento titulado Segundo Coloquio de Derechos Humanos y Arreglos Institucionales en Torno al Agua: los Retos del Saneamiento se observa la inequidad relacionada con temas de calidad del agua, la ausencia de políticas públicas eficaces para abatir la contaminación del agua y las consecuencias de la gestión fallida en la salud.
Raúl Pacheco Vega comenta sobre los regímenes regulatorios débiles, así como sobre los retos de la gobernanza urbana del agua y saneamiento en México. Entre ellos, el aumento del consumo de agua embotellada, la falta de acceso a infraestructura de saneamiento, el empuje de las instituciones internacionales a mecanismos privatizadores y el incremento en el número e intensidad de los conflictos por el agua.
Carolina Escobar expone la especificidad del saneamiento como derecho humano en términos de calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad, y nos invita a preguntarnos si es suficiente su reconocimiento como derecho humano y cómo lograr su operacionalización e instrumentación.
Por su parte, César Calderón plantea los problemas a los que nos enfrentamos para la reutilización del agua en México. El país tiene una larga tradición de reutilización del agua residual, tanto cruda como tratada, principalmente en la agricultura, cuyo nivel de tratamiento exigido está definido por la norma 001 de la Semarnat, que data de 1996. De acuerdo con el ponente, el agua cruda tiene que ser tratada y, para ello, es importante encontrar un equilibrio entre infraestructura verde e infraestructura gris.
Acceso a la información, transparencia y justicia
El sistema de concesiones de agua en México ha sido una de las polémicas más relevantes para los actores en torno a la discusión de una nueva Ley de Aguas, donde se encuentran aquellos que consideran que es suficiente con una reforma y otros que debe transformarse profundamente o incluso transitar hacia otro sistema.
Analizar en dónde, cuántas y qué volúmenes de concesiones se han otorgado y a quiénes es de interés de varios de los actores desde los diferentes ámbitos. Al tomar en cuenta todo lo antes expuesto, la Semana de la Transparencia Hídrica propuso a partir del marco conceptual de la transparencia problematizar en torno al sistema de concesiones del agua en México como tema transversal a otras problemáticas clave, tales como los usos del agua por la industria y la minería, las infraestructuras, el derecho al territorio de pueblos y comunidades indígenas y los derechos humanos al agua y al saneamiento.
A partir del apoyo en información geográfica digital, Edgar Talledos plantea información sobre refresqueras y cerveceras ubicadas en acuíferos sobreexplotados y sin disponibilidad de agua, en donde las principales marcas disponen de los mayores títulos de concesión para su operación. Casos similares se presentan en las industrias armadora de automotores, minera y metalmecánica, entre otras, donde un aspecto sobresaliente es que todos estos acuíferos se encuentran cerca de poblaciones indígenas.
La ponencia de Berenice Álvarez Becerril presenta datos de un informe de agua, el cual insiste en el control político y en los esquemas de gestión que se observan en las concesiones otorgadas a empresas trasnacionales de los giros mencionados, señalando profundas fallas jurídicas, combinadas con la desregularización, privatización y mercantilización de cantidades de agua desmedidas.
En otro tema, se hace un análisis del río Colorado, el cual, desde la década de los sesenta, está concesionado en su totalidad, con más de 8 600 títulos. Este río se encuentra en estrés hídrico, y la situación se agravará con el tiempo. Lo mismo sucede en acuíferos menores, como el del valle de Mexicali, donde se concentran las zonas industriales con empresas refresqueras, maquiladoras, automotrices y procesadoras de alimentos, donde la oferta de agua la controlan cinco organismos operadores. Como indica el ponente Iván Martínez Zazueta, un caso especial es el de la empresa Constellation Brands, cervecera que pretende consumir diez veces más agua que las empresas más importantes instaladas en la zona.
Claudia Gómez Godoy introduce a las comunidades indígenas en relación con los derechos de estos pueblos, especialmente el de los derechos humanos al agua y al saneamiento, en términos del impulso a una ley que proteja a estas comunidades en sus territorios y, principalmente, a la forma en que se manejan sus recursos. La toma de decisiones polarizada ha derivado en el desequilibrio del poder entre estos pueblos y las empresas promotoras de proyectos con los recursos de estas comunidades. En primera instancia, deben reconocer a estos pueblos como sujetos de derechos.
Edmundo del Pozo Martínez habla sobre los derechos de libre autonomía de los pueblos y las comunidades, y recientemente conforma una alianza denominada Aldea, que agrupa diversas luchas en defensa del territorio con el objetivo de fortalecer la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas.
Mónica Olvera Molina escribe sobre los megaproyectos hídricos y su vinculación con la rendición de cuentas, tomando en cuenta la producción espacial, así como el marco legal de las concesiones de infraestructura hidráulica, entre las que destacan inundaciones clave a causa de operadores privados en la subutilización de las presas hidroeléctricas. Las sanciones y las reparaciones del daño constituyen un tema complejo, debido a la falta de información, cuyos proyectos de promoción resultan ser hasta demagógicos. Por su parte, María González presenta el caso de la presa El Zapotillo, considerada un megaproyecto entre las ciudades de León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco, que data del 2005 y está justificado con el argumento de potabilizar agua entre estos estados, que incluyen la zona de los altos de Jalisco, y plantea que las comunidades afectadas proponen la gestión integral del agua y la reparación de los daños.
Nathalie Seguin Tovar, de la FAN México Red de Acción por el Agua (FANMex), que agrupa organizaciones de la sociedad civil conformadas en redes, trabaja a través de la experiencia y el intercambio de conocimiento y señala el sobreconcesionamiento y la falta de saneamiento en el agua provista a instituciones. Además, hace hincapié en la importancia del derecho al acceso y saneamiento, en términos de las desigualdades y la sostenibilidad.
Francisco Javier Peña, del Colegio de San Luis, describe las injusticias hacia pueblos y comunidades y los mecanismos de acumulación y conflictos de agua a partir de la conformación de la Alianza Internacional Justicia Hídrica, como un grupo en Latinoamérica de investigación comparativa, capacitación y acción política, con seguidores de diversas luchas sociales. La justicia hídrica en esta ponencia es vista desde la perspectiva socioeconómica y cultural de la justicia representativa, traducida en la transparencia y considerando la justicia ecológica. En relación con el extractivismo, se considera que la política pública se realiza con contrapesos.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la justicia hídrica?
Cuando hablamos de justicia hídrica nos referimos a un conjunto de problemáticas vinculadas con la inequidad en el acceso al agua, la creciente contaminación de las fuentes de agua, el incremento en la sobreexplotación del agua subterránea, la ausencia de políticas públicas que incidan de manera positiva en aminorar las brechas de desigualdad en la distribución del agua y en la utilización eficiente de las aguas residuales.
El libro Política pública y agua. Justicia, derechos humanos y transparencia es una obra que concentra las voces de especistas, académicos y activistas que, desde sus distintas trincheras, áreas de conocimiento y de posiciones políticas, muestran las diferentes dimensiones del agua relacionadas con la justicia y evidencian lo que aún nos falta por reconocer y construir de manera conjunta para lograr una sociedad más igualitaria y democrática.
Colaboración de Juana Amalia Salgado López Perspectivas IMTA Núm. 31, 2022