Entrevista al director Nacional de Agua Daniel Greif
Primera entrevista de un ciclo de entrevistas a los directores nacionales de las distintas reparticiones del Mvotma, donde se repasan los puntos neurálgicos de sus respectivas agendas y su vinculación con el Ordenamiento Territorial, en el entendido que la complejidad de buena parte de los desafíos que enfrentamos, más allá de sus especificidades, requieren un abordaje multidimensional y para ello debemos mantener un fluido intercambio que nos facilite el trabajo conjunto.
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, por lo cual es oportuno empezar este ciclo de entrevistas con el director de Nacional de Agua Daniel Greif.
- Así que para empezar Daniel, ¿cuáles son los principales cometidos de tu Dirección y los temas que hoy venís priorizando en tu gestión?
La Dinagua se crea en el 2005 luego de la reforma de la Constitución ubicando la gestión del agua dentro del Mvotma, trasladando muchas de las competencias de la dirección de agua que estaba en el Mtop y jerarquizando la gestión del agua, vinculándola al ambiente y al territorio. Fue un cambio conceptual y de paradigma de cómo se gestionan las aguas, tratando de salirse de una visión sectorial hacia una gestión integrada. Uno de los principios que se establece wen la reforma es justamente la gestión integrada y participativa de los recursos hídricos.
Para ello debe incluir la visión de todos los actores, de todos los usuarios y de la sociedad en su conjunto. Aquí juegan un rol preponderante las organizaciones sociales que representan a los ciudadanos que tienen preocupación por el ambiente y en particular por el agua. Hacer que la gestión incorpore estos conceptos es todo un desafío.
La Dinagua, como autoridad en la materia, tiene como cometido específico otorgar autorizaciones de derechos para la producción e implica también regular los usos recreativos, energéticos y como vía de transporte.
No obstante y teniendo en cuenta las normativas, el uso humano aparece como primera prioridad. Luego de una modificación que se introdujo en la Ley de Riego que se aprobó en diciembre del año pasado, también el ambiente pasa a ser una prioridad que es necesario reglamentar y que supedita los usos productivos.
Es un nuevo desafío que se incorpora y que comparte la tendencia mundial de considerar el agua como un recurso imprescindible para el ambiente.
La agenda que hoy tenemos por delante hace necesario considerar que venimos de cerrar un ciclo en Dinagua con todo el “ecosistema” de instituciones que trabajan en los temas del agua, que fue la aprobación del Plan Nacional de Aguas (PNA). Fue un proceso largo que tuvo varias etapas. La última fue la aprobación del decreto que le da carácter vinculante para ciertas actividades. El PNA se definió como la herramienta de planificación, articulación y ordenamiento de todas las actividades que se hacen por parte del Estado y los privados en relación al agua. A la vez de servir como una guía de las acciones que se están tomando en el corto y el largo plazo, con la participación de todos los que han trabajado en su formulación. Obviamente que el Mvotma desde sus distintas direcciones ocupa un rol clave dada la vinculación directa del agua con el ambiente, con el territorio y con la vivienda. Pero también en articulación con el resto del Poder Ejecutivo, con los distintos sectores productivos que tienen que ver con el agua y con las distintas reparticiones, tanto departamentales como locales y la sociedad civil.
A través de los decretos que fueron construyendo esta institucionalidad, la participación se realiza formalmente en los tres consejos regionales de las tres grandes cuencas del país, y luego a nivel local, en las distintas comisiones de cuenca que se han creado.
El PNA contiene diez programas y dentro de estos, treinta proyectos con indicadores y metas de corto, mediano y largo plazo. Estos diez programas los dividimos en tres grandes grupos. Aquellos que apuntan al abastecimiento del agua para el uso humano. Los que tienen al agua como factor de desarrollo de todas las actividades y como un recurso para el medio ambiente. El tercer grupo de programas tiene que ver con la gestión del riesgo de las aguas por su variabilidad, tanto las sequías como las inundaciones.
Aquí aparece la vinculación de la gestión planificada del uso del agua al nivel de cuencas y regiones con los instrumentos de ordenamiento del territorio urbano en las distintas ciudades del país. Esta es una de las líneas de trabajo priorizadas en las que hemos avanzado más junto con las otras direcciones del ministerio, e implica un cambio conceptual y un aprendizaje en la planificación conjunta del territorio y del agua.
Tenemos dos planos de trabajo conjunto con Dinot donde se articulan los instrumentos de ordenación con la gestión del agua, que después dan sustento a las autorizaciones de uso.
La clave es cómo los instrumentos de OT inciden para que la gestión del agua pueda ser posible de modo sustentable.
Que los instrumentos de OT vayan incorporando los planes de agua, los planes de infraestructura y viceversa, supone una sinergia importante.
En esta línea hace un tiempo que se viene desarrollando un trabajo conjunto para asociar los mapas de inundación y los estudios necesarios que ayuden a revertir un proceso histórico de construcción de la ciudad, con una política de vivienda que también se articule con la lógica de planificación.
En síntesis, la gestión del agua, vinculada a la planificación de los procesos territoriales, es uno de los temas que venimos trabajando en conjunto.
- Una de las atribuciones específicas de la Dinagua es el otorgamiento de permisos de uso de agua: ¿cuáles son los criterios que se utilizan para dicha aprobación?
Los criterios surgen de las normativas que están plasmadas desde el código de aguas del 79 donde se sistematizó la gestión del agua, sobre todo con fines productivos, hasta las distintas normativas que pasan por la Ley de OT, la Ley de Política de Agua y más recientemente, la nueva Ley de Riego y el Plan Nacional de Aguas. Justamente, uno de sus proyectos tiene que ver con ese ajuste normativo de definición de procedimientos para el otorgamiento de usos del agua.
En esa consideración normativa uno de los aspectos para el uso productivo es el otorgamiento del derecho del uso que brinde garantías a quien va a usar el recurso que lo puede disponer y tenemos que tener en cuenta que es un recurso natural y público, que puede usarse por privados, con una autorización. La que se hace a través de una concesión y un permiso que son revocables y tiene un plazo de vigencia determinado, con condiciones de usos específicos.
La autorización está asociada a determinado uso y se otorga por determinado volumen de extracción y por determinado período. Así como también define condiciones del cumplimiento de todas las normativas, teniendo en cuenta que, además de ser un recurso público, es un recurso finito, acotado y sumamente variable en el tiempo.
Tenemos que tener en cuenta esa temporalidad a la hora de otorgar los permisos.
Hay distintos tipos de permisos, de toma directa de cursos de agua o autorización para construcción de una obra de embalse o permisos de uso para las aguas subterráneas. Cada uno de ellos implica condicionantes distintas.
En el caso de riego agrícola se establece que en el proceso de autorización, además haya un plan de uso y manejo del agua asociado al uso del suelo.
En esos mecanismos de adjudicación de permisos, que son revisables y revocables, los tiempos que se adjudican van en función del uso que se destina al recurso y que están prefijados por las normas.
Ahora tenemos unas cien estaciones que miden la cantidad de agua que nos permiten tomar las decisiones para otorgar los permisos de uso del agua. Pero también son las que definen las líneas de inundación de los cursos naturales en las distintas ciudades del país. Esto se integra con los mapas de riego y con los planes de ordenamiento territorial, conformando una batería instrumentos y de estrategias.
De este modo, vamos hacia su manejo integral, con medidas concretas para su manejo integral con medidas concretas para abordar problemas concretos, como sin duda lo es la calidad del agua. Como la restricción del uso en las márgenes de los cursos de agua, que es una de las medidas que van en esa dirección y que tiene un correlato normativo e institucional importante. Lo mismo a nivel urbano, viendo cómo impacta la evolución de los usos del suelo.
Integrar el uso del agua en los planes de Ordenamiento Territorial implica una adecuación de los usos del suelo que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de nuevos desarrollos de ciudad. Por ejemplo, para prevenir los efectos de las inundaciones en un escenario de cambio climático, donde esas situaciones se ven cada vez con mayor frecuencia.
- ¿Cómo es el mecanismo?
Básicamente tiene que ver con esa distinción entre permisos que tienen un plazo más perentorio y están asociados a obras de tomas directas, a obras sin tanta infraestructura física o una perforación. Se otorgan por dos, cinco años o diez años según el tipo de obra. También según el uso, si es para uso humano se pueden otorgar por más plazo, si es para uso de riego agrícola tienen la condición de estar asociado a un plan de uso y manejo del suelo, que tiene que ver con las rotaciones de los cultivos y con la propiedad del suelo. En general el período está acotado por esos planes de uso y manejo.
En el caso de las obras de embalse, que implican una infraestructura importante y compleja, asociada a una inversión más grande, se otorgan concesiones por plazos más largos, que pueden llegar a diez o veinte años. Dichas autorizaciones, a partir de determinado tamaño, requieren estudios de impacto ambiental y audiencia pública.
Por otra parte esos derechos de uso son oponibles a terceros, o sea que quien tiene esa autorización puede reclamar en caso que no pueda acceder al recurso.
Otro tema clave, es cómo se atiende la variabilidad del recurso en una situación de sequía extrema. En ese caso la posibilidad del uso se restringe y aparece toda una dinámica de usos compartidos. Nace de la Ley de riego anterior al crear las Juntas Regionales de Riego, instancias en las que se articula con los usuarios y propietarios de las tierras, el Mgap y nosotros para ver cómo se gestiona el recurso en caso de escasez.
-¿Cómo ha sido la experiencia de las comisiones de cuenca y particularmente la del río Santa Lucía?
Es uno de los pilares de la política ministerial tal como la venimos contando, con el foco en la construcción de la articulación y la participación de actores diversos. Es un proceso en construcción permanente y tiene dos niveles: los Consejos Regionales de los tres ámbitos que cubren todo el país, que tienen una integración acotada, siete representantes del Gobierno, siete de los usuarios y siete de la Sociedad Civil. Luego en las distintas cuencas están las respectivas comisiones. Cada comisión es un mundo en sí, tienen un aprendizaje y un desarrollo propio. Esto hace que unas hayan avanzado más que otras. Es a partir de 2009 que se empiezan a construir estas herramientas. Allí comienza un proceso muy rico, de construcción progresiva, donde las primeras etapas tienen mucho que ver con la conformación del espacio y con la incorporación de distintos actores. El proceso en el que estamos hoy es la planificación a nivel de las cuencas y de las regiones, usando la herramienta del plan como modelo.
En relación a la Cuenca del río Santa Lucía, sus características hacen que sea paradigmática en muchos sentidos. Ella abastece de agua al 60% de la población, tiene que ver con buena parte del PBI del país además de ser la cuenca más intensiva en producción, por lo que históricamente tiene desafíos más complejos de abordar como la problemática de usos que apareció en el 2013.
Hoy con Dinot tenemos dos líneas de trabajo que estamos llevando adelante, por un lado el uso del Atlas del Santa Lucía para el mapeo de todas las actividades que en ella se desarrollan como un instrumento de planificación territorial para la gestión del agua. Por otro lado, la integración de los sistemas de información territorial, unificando las herramientas de visualización y comunicación del uso del agua a nivel de los territorios urbanos y de las distintas cuencas.
Estas medidas en relación a la intensificación del uso del suelo deben tener su correlato en el desarrollo de los instrumentos de OT, para que las distintas actividades vayan acompasándose. Ahí aparecen nuevos instrumentos, como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), asociada a los planes de ordenamiento y las directrices de OT, que ayudan a que esa intensificación se dé de manera planificada, anticipándonos. Revertir aquel proceso en el cual la planificación del territorio se iba haciendo atrás de la ocupación del suelo. Ahí es donde debemos incorporan los planes de ordenamiento con los planes de agua.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial - Gobierno del Uruguay